PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN EL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO   ()

Por Carmen Huapaya / Asistente Legal de la Gerencia

 

El despido es la sanción más drástica que a nivel laboral un empleador puede imponer unilateralmente a su trabajador, extinguiendo el vínculo laboral que los unía. Si bien es una decisión permitida, ésta debe ser adoptada en base a la gravedad de la falta cometida por el trabajador y ciertos requisitos y procedimientos previstos legalmente.

 

De acuerdo al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), el despido sólo puede producirse por la existencia de una causa justa relacionada a la capacidad o conducta del trabajador. Asimismo, la citada LPCL establece que el empleador no puede despedir a su trabajador sin antes haber seguido un procedimiento previo de despido, consistente en imputar al trabajador, por escrito, la presunta falta cometida, otorgándole un plazo razonable no menor de 6 días naturales para que presente sus descargos, salvo el caso de falta grave flagrante, o de 30 días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. Incluso el empleador puede exonerar al trabajador de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la remuneración y beneficios que le corresponden (Artículo 31º de la LPCL).

 

Luego de recibido los descargos del trabajador, o de transcurrido el plazo sin descargo, si procede el despido, esta decisión debe ser comunicada al trabajador por escrito, indicándole la causa del despido y la fecha de cese. El empleador no podrá invocar posteriormente causa diferente a la imputada en la carta de despido (Artículo 32º LPCL).

 

Adicionalmente, para los casos señalados en los dos párrafos anteriores, la LPCL exige la observancia del Principio de Inmediatez, sin establecer una definición ni las condiciones que deben cumplirse para su debida observancia, generando algunas confusiones respecto a como proceder para su aplicación.

Considerando esta omisión, el Tribunal Constitucional ha interpretado el Principio de Inmediatez, entendiendo el mismo, para el caso del despido, como la obligación que tiene el empleador de imputar a su trabajador la falta cometida en el plazo más inmediato posible (ver sentencias Exp. Nº 03893-2004-AA/TC y Nº 034-2004-AA/TC).

 

No obstante lo anterior, los diversos casos presentados exigían ampliar aún más el tema, por lo que mediante Casación Nº 677-2006 La Libertad, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema estableció una de las condiciones más importantes sobre el Principio de Inmediatez: el plazo.

 

Efectivamente, mediante la referida sentencia casatoria, la Corte Suprema estableció que si entre la fecha que el empleador conoce la falta cometida por su trabajador y la fecha de envío de la carta de imputación de cargos (carta de preaviso de despido), media un plazo no menor de treinta (30) días, ello se condice con el Principio de Inmediatez, por ser un plazo proporcional y razonable.

 

Por lo comentado, debemos destacar la importancia y necesidad de que todo empleador (incluyendo las COOPAC), además de los procedimientos previstos en la LPCL, observe el Principio de Inmediatez en los procedimientos de despido que sigan en contra de sus trabajadores. Por ello, es imprescindible que una vez conocida la presunta falta o infracción del trabajador (que configure causa justa de despido de acuerdo a la LPCL), las COOPAC empleadoras inicien lo más pronto posible el procedimiento de despido, teniendo como máximo el plazo no menor de 30 días. De no observarse este principio, el trabajador infractor, a pesar de su falta, se vería legalmente protegido, ya que luego de transcurrido ese plazo los hechos no pueden ser invocados para sancionarlo, determinándose la improcedencia de cualquier acción o procedimiento que se pretenda iniciar, perjudicando los intereses de la cooperativa.